martes, 15 de marzo de 2011

LA JURISDICCION INDIGENA EN COLOMBIA.....

INTRODUCCIÓN
La aparición de la Constitución Política de Colombia en el año de 1991, trajo consigo el advenimiento de nuevas figuras jurídicas, nuevos entes burocráticos y el nacimiento de un marco axiológico y de principios que para la Constitución de 1886 eran completamente desconocidos, debido a que las circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas no eran predominantes para aquella época. Por ello después de más de cien años de vida jurídica de la Constitución de 1886 y a pesar de sus respectivas reformas, se hizo visiblemente necesaria una transformación de dicha Carta ya que las condiciones históricas exigían que el entorno jurídico se adecuara a ellas; y por eso la sociedad colombiana representada en diversos movimientos, especialmente el movimiento estudiantil de la “séptima papeleta”, instó de manera democrática a que la vida humana que se encontraba en Colombia fuera objetivada.
Como es bien sabido, el derecho posee la característica de ser dinámico por lo que siempre está inmerso dentro de una realidad histórica, a la cual debe adecuarse; sin desconocer su pilar básico de “dar a cada uno lo suyo”, representado en la virtud de la justicia. Atendiendo al postulado anterior, se hizo evidente otorgar el reconocimiento y protección de diversas relaciones de índole interpersonal, relaciones del individuo para con el Estado y relaciones de ciertos grupos sociales para con el estado; debido a que estas nuevas realidades requerían de la intervención del derecho para darles una adecuada reglamentación.
Dentro de esas nuevas figuras, a título de ejemplo, podemos mencionar las uniones de hecho, la acción de tutela, las acciones populares, el estado aconfesional o estado laico, etc. Como nuevas instituciones burocráticas encontramos la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente se dio el reconocimiento a las jurisdicciones especiales y la particular figura de la atribución a los particulares de funciones para administrar justicia en eventos supremamente específicos.
Sin embargo, uno de los mayores logros de la Constitución colombiana de 1991, se encuentra consagrado tanto en el Preámbulo como en el primer artículo de la Constitución, al establecer como principio fundamental para el estado colombiano el pluralismo; el cual alude al reconocimiento, respeto y protección de diversas ideologías y de las minorías étnicas, raciales y culturales que fueron surgiendo dentro del siglo XX o que ya tenían existencia, pero no tenían ningún tipo de custodia, por no ser las predominantes dentro de la sociedad colombiana.
Entre estas minorías, entendiendo por ellas, aquellas organizaciones con una forma de vida, costumbres e ideología que son ampliamente distintas a las de la mayoría de la población del país, encontramos los pueblos indígenas. Por ello, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente hicieron parte dos representantes de las comunidades indígenas, en aras de que la nueva Constitución contuviera dentro de sus disposiciones el reconocimiento a los pueblos indígenas y le atribuyera amplio reconocimiento jurídico y efectiva protección. Como parte de las prerrogativas que la Carta Política otorgó a este grupo minorías encontramos la autonomía administrativa, jerárquica y judicial. Como contraprestación se dan una serie de deberes, sobre todo en materia electoral y de organización territorial, además de los deberes generales para todo ciudadano colombiano.
A pesar de la consagración de dichos postulados, y por su condición de ser novedosos, surgieron dificultades tanto en su interpretación como en su aplicación. Uno de los puntos controversiales que ha surgido dentro de este ámbito de las organizaciones indígenas, y que ha sido tratado por la doctrina y jurisprudencia nacional, ha sido al alcance de los efectos de las decisiones judiciales de la jurisdicción indígena respecto a la jurisdicción ordinaria y sobretodo cuando ellas implican un choque con otros derechos que se encuentran ampliamente protegidos en el ordenamiento jurídico colombiano.
Es por todo lo anterior, que debido a lo especial, importante y escasez de tratamiento del tema, he decido abordarlo con enorme interés con el fin de mirar con profundidad los ángulos de dicha controversia, estableciendo los principales antecedentes, las fallos emitidos por la Corte Constitucional al respecto, los caminos hipotéticos que pueden presentarse a futuro y siendo un poco pretenciosa mi postura personal.
Como primera medida de este escrito, en las primeras líneas pretendo abordar el tema haciendo una breve exposición de la composición y estructura de las comunidades indígenas; enfatizando en lo que respecta a su organización judicial. Para llegar a ello, es importante conocer los principales antecedentes que sobre el tema podemos encontrar, para que de forma posterior abordar el problema jurídico que desarrolla esta monografía.
Como segunda parte, pasaré a esbozar los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales más importantes que se han proferido respecto al problema jurídico de los efectos que deben tener los fallos de las autoridades judiciales indígenas frente a la justicia estatal, y de esta forma establecer profundamente el tratamiento que se ha dado al asunto en el alto tribunal constitucional; sobre todo cuando aquellas providencias van en contra vía de la dignidad humana y derechos fundamentales. Es por eso, que dicha parte del trabajo entrara en primera medida a estudiar brevemente el concepto de autonomía de las comunidades indígenas que ha sido elaborado por la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional y las principales implicaciones que dicha figura jurídica ha logrado tener dentro del ámbito político y sobretodo judicial de Colombia. Consecuentemente, entraré a estudiar los principales pronunciamientos que sobre el tema de la autonomía y más específicamente en lo que respecta al tema de la jurisdicción indígena, se han proferido dentro del seno del Tribunal Constitucional; indicando de igual forma, los límites que ella ha establecido para las decisiones de los jueces indígenas. En último lugar plasmaré las posibles circunstancias que a futuro pueden presentarse en este tema, para concluir con mi posicion personal.
Para todo lo anterior, se requiere de una amplia bibliografía de teoría de derecho constitucional enfatizada en los derechos fundamentales y de derechos de comunidades indígenas. El mayor aporte para elaborar esta importante investigación, estará dado por las sentencias de la Corte Constitucional donde se ha debatido ampliamente el tema de la autonomía de las agrupaciones indígenas, pues de ellas se obtendrán las ideas principales y secundarias que darán la carga argumentativa a este escrito. Además de lo anterior el aporte de eruditas personas versadas en el tema objeto de estudio resultara de vital importancia.
Solamente queda por decir, que deseo con el presente escrito dar un leve acercamiento, a toda persona próxima o no a la ciencia práctica del derecho, a uno de los problemas jurídicos más interesantes que han surgido después de la promulgación de la Constitución Política de Colombia.
Me queda por agradecer a aquellas personas que colaboraron de una u otra forma en este tema que me ilustraron y guiaron mis ideas para poder hacer de la mejor manera posible este escrito.

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